Una campaña electoral debería ser el escenario
del debate de ideas, de las propuestas realistas y de la
confrontación democrática. Sin embargo, cuando el insulto sustituye
al argumento, la manipulación desplaza a la verdad y el engaño se
convierte en una herramienta para captar votos, la política pierde
buena parte de su dignidad y los ciudadanos se convierten en simples
instrumentos al servicio de quienes aspiran a gobernar.
La utilización partidista de la muerte de Mari
Carmen constituye, desde esta perspectiva, una cuestión
especialmente delicada. El dolor de una familia y la memoria de una
persona merecen respeto, no convertirse en munición electoral. Se
puede debatir sobre responsabilidades, exigir explicaciones y
reclamar justicia, pero hacerlo exige rigor, sensibilidad y respeto.
Traspasar esa frontera supone confundir el legítimo debate político
con la explotación de los sentimientos ajenos. Una campaña electoral
necesita ética, honestidad, autenticidad e integridad. No significa
renunciar a la crítica, sino ejercerla con argumentos, pruebas y
responsabilidad. La discrepancia es saludable; el insulto, la
descalificación gratuita y la manipulación interesada empobrecen el
debate y alimentan la desconfianza ciudadana.
Tampoco todo vale a la hora de conseguir
votos. Las promesas electorales deberían sustentarse en compromisos
concretos, económicamente viables y susceptibles de cumplimiento.
Anunciar a última hora subidas de pensiones y salarios, nuevos
beneficios sociales o medidas de gran impacto exige explicar cómo se
financiarán, cuándo entrarán en vigor y qué consecuencias tendrán
para las cuentas públicas. De lo contrario, el ciudadano tiene
motivos para preguntarse si está ante un proyecto meditado o ante
una operación de propaganda electoral.
Y hay una cuestión todavía más importante:
¿qué ocurre cuando las decisiones de un Gobierno están
pensadas más para conservar el poder que para garantizar una gestión
sostenible? Las medidas que comprometen recursos futuros
deben valorarse por sus efectos reales, no únicamente por el aplauso
inmediato que puedan generar. Quien gobierna tiene la obligación de
pensar en el conjunto de la sociedad, incluidos quienes todavía no
han nacido y quienes tendrán que pagar mañana las decisiones de hoy.
También conviene recordar que dejar una situación económica difícil
al Gobierno sucesor no es, por sí solo, una prueba de mala fe: las
circunstancias pueden ser complejas y las políticas públicas
producen efectos diversos. Pero cuando se anuncian compromisos sin
explicar su financiación, se ocultan sus costes o se trasladan
deliberadamente las consecuencias al futuro, resulta legítimo exigir
transparencia y responsabilidades.
La política no debería ser un juego de
triquiñuelas, promesas oportunistas y golpes de efecto. Gobernar
implica administrar recursos limitados, tomar decisiones difíciles y
rendir cuentas. Y hacer oposición significa fiscalizar al Gobierno,
pero también ofrecer alternativas creíbles, no limitarse a explotar
sus errores. Al final, una democracia no se mide únicamente por la
celebración de elecciones, sino por la calidad del debate público,
la honestidad de sus representantes y la libertad de los ciudadanos
para decidir sin ser manipulados. El voto es demasiado importante
para entregarlo a cambio de una promesa improvisada, un insulto
oportunista o una emoción hábilmente explotada.
Los ciudadanos no necesitan políticos que
les digan lo que desean escuchar, sino representantes que tengan el
valor de decirles la verdad, incluso cuando resulte incómoda.
Porque ganar unas elecciones puede proporcionar el poder, pero solo
la responsabilidad, la honestidad y el respeto permiten ejercerlo
con dignidad. En política, como en la vida, no todo vale. Y cuando
se olvida esta máxima, no solo se deteriora la imagen de quienes
participan en la contienda: también se debilita la confianza en las
instituciones y en la propia democracia.