España, un país que
no puede ni debe jugar con la vida de sus ciudadanos
Las explicaciones del Ministro
Puente esta mañana en rueda de prensa son una burla
y un insulto a la inteligencia, en un país cuya
infraestructura ferroviaria se parece mas a la
de la India, Cuba, Colombia o Venezuela que a
la de un pais del primer mundo. Porque después de
los graves accidentes ferroviarios que estamos
viviendo, ya no bastan las declaraciones, las
justificaciones ni los intentos de eludir
responsabilidades. Y si no es capaz de ofrecer
respuestas convincentes ni de garantizar la
seguridad de los ciudadanos, tendrá que asumir las
consecuencias políticas de su gestión.
¿En qué momento hemos
llegado a aceptar que las grandes catástrofes se
conviertan en una sucesión de tragedias,
declaraciones políticas y promesas de investigación
que, con demasiada frecuencia, terminan diluyéndose
sin que nadie asuma plenamente sus
responsabilidades? Lo ocurrido en el
transporte ferroviario, con accidentes tan graves
como los de Urda y Adamuz y los registrados en
otros puntos de la red, obliga a plantearnos una
pregunta incómoda: ¿estamos garantizando realmente
la seguridad de los ciudadanos o estamos
descubriendo, a golpe de tragedia, las deficiencias
de un sistema que debería funcionar con las máximas
garantías? Que se sustituyan puestos de
técnicos por personas de afinidad política sin
experiencia es una irresponsabilidad que se debe
pagar con castigos ejemplares y severos, pues son la
causa de que nuestras infraestructuras cada día sean
mas ineficaces y chapuceras y cuando esto es causa
de tragedias con muertes no pueden quedar impunes.
Un accidente ferroviario con
decenas de víctimas no puede considerarse un simple
contratiempo, ni despacharse con declaraciones
institucionales, condolencias y promesas de que se
llegará hasta el final. Cada víctima representa una
vida truncada, una familia destrozada y una
responsabilidad pública que no puede quedar
sepultada bajo el ruido de la confrontación
política. Las causas concretas de cada siniestro
deben establecerse mediante investigaciones técnicas
independientes y rigurosas. Pero, si estas
investigaciones confirman deficiencias en las
infraestructuras, fallos en los sistemas de
seguridad, insuficiencias en el mantenimiento o una
inversión inadecuada, estaremos ante algo mucho más
grave que un accidente inevitable: estaremos ante un
fracaso en la gestión de un servicio público
esencial y deben asumirse responsabilidades. Yo
personalmente he realizado ese trayecto en varias
ocasiones, pero no volveré a coger un tren, hasta
que quede totalmente garantizado el servicio con
absoluta seguridad para la vida de las personas.
La seguridad ferroviaria no se
improvisa. Exige inversiones sostenidas,
instalaciones actualizadas, revisiones periódicas,
tecnología fiable y profesionales cualificados. No
basta con presumir de alta velocidad, inaugurar
nuevas líneas o exhibir cifras de modernización si
después no se garantiza que toda la red dispone del
mantenimiento y los medios necesarios para funcionar
con seguridad. Una infraestructura
envejecida, un mantenimiento insuficiente o una
gestión deficiente no son problemas administrativos
menores: pueden convertirse en una amenaza para la
vida de las personas.
Y está claro que la gestión
de los responsables ha sido chapucera, por eso deben
tomarse medidas drásticas.
España no necesita
más enfrentamientos entre partidos ni más discursos
destinados a proteger al Gobierno o a desgastar a la
oposición. Necesita conocer la verdad, corregir los
errores y garantizar que lo sucedido no vuelva a
repetirse. Un país serio no mide su modernidad
únicamente por sus trenes de alta velocidad, sus
grandes estaciones o sus kilómetros de vías. La
mide, sobre todo, por la seguridad de sus
infraestructuras, la calidad de su mantenimiento y
la capacidad de sus responsables para prevenir las
tragedias.
Las víctimas no necesitan excusas. Los ciudadanos no
necesitan propaganda. Necesitan respuestas,
responsabilidades y seguridad. Y eso es precisamente
lo que un país serio debe garantizar, porque seguir
jugando con la vida de los ciudadanos es un delito
de lesa gravedad, cuyos responsables no pueden
quedar impunes....seguir
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