Hay campañas electorales que
sirven para presentar propuestas y otras que
terminan convirtiéndose en un escaparate de
contradicciones. La de Alberto Núñez Feijóo parece
caminar por ese segundo terreno. Cada declaración
abre nuevos interrogantes sobre el país que pretende
construir y los derechos que podrían verse afectados
por sus políticas.
Anunciar una revisión de
cuestiones tan sensibles como el aborto, la
eutanasia o el salario mínimo interprofesional no es
una cuestión menor. Son asuntos que afectan
directamente a la libertad individual, a la dignidad
de las personas y a las condiciones de vida de
millones de trabajadores. Y cuando a estas
propuestas se suman los temores a posibles recortes
en los servicios públicos, las ayudas sociales y
otras conquistas del Estado del bienestar, resulta
inevitable preguntarse qué modelo de sociedad se
esconde detrás de ese proyecto político.
¿Es ese el futuro que
quiere ofrecer a los españoles? Gobernar no
consiste en cuestionar derechos y conquistas
sociales sin explicar con claridad qué se pretende
hacer, por qué y con qué consecuencias. Los
ciudadanos merecen conocer el alcance real de cada
propuesta, sin ambigüedades ni mensajes calculados
para contentar a unos mientras se tranquiliza a
otros.
Feijóo tendrá que responder por
sus planteamientos, defenderlos públicamente y
explicar cómo piensa gobernar un país plural, donde
conviven distintas sensibilidades y donde los
derechos individuales y la protección social forman
parte del debate democrático. En un eventual cara a
cara con Pedro Sánchez, las declaraciones
grandilocuentes dejarán paso a las preguntas
concretas, y las promesas tendrán que medirse frente
a los hechos. Será entonces cuando ambos deban
explicar con claridad sus proyectos y asumir sus
contradicciones.
Las elecciones no se ganan
únicamente señalando los errores del adversario.
También se ganan convenciendo a los ciudadanos de
que el futuro que se les propone merece su
confianza. Porque los derechos no son
privilegios que se conceden o se retiran al antojo
de un gobierno, ni el bienestar de la mayoría puede
tratarse como una partida prescindible.
Quien aspire a presidir España debe explicar qué
quiere cambiar, a quién afectarán esos cambios y qué
garantías ofrece a la ciudadanía.
Al final, serán los españoles
quienes tengan la última palabra. Y esa es,
precisamente, la esencia de la democracia.
