El caos vivido por los ciudadanos de la capital al encontrarse dos millones de personas sin su transporte habitual, ha significado el mayor chantaje  que se ha realizado al pueblo humilde y trabajador, que son rehenes de unos sindicatos, que solo se preocupan por sus bien privilegiados sueldos, provocando una gravísima y lamentable situación.

La salvaje huelga del metro de Madrid, no deja de ser un mazazo a los usuarios  que se ven imposibilitados para acceder a su puesto de trabajo. Al no respetar los mínimos están incurriendo en un delito tipificado de una gravedad extrema, tanto en el ámbito jurídico, como en el moral, al provocar un estado de emergencia y necesidad en casi 6 millones de madrileños.

Este secuestro, esta fechoría no debe quedar sin castigo, tanto si acaba la huelga como sino. Lo que si esta claro es que el gobierno de Esperanza Aguirre esta actuando con demasiada benevolencia con los responsables de esta huelga, ya que cuando las consecuencias son tan graves, se deben tomar medidas mas drásticas, que terminen con una situación abusiva, que lesiona los derechos y libertades de las personas  de forma tan grave; si es necesario se les despide a todos y se integran nuevos elementos  disponibles para efectuar el trabajo, o se les militariza con todas las responsabilidades y consecuencias que conlleva.

Lo que no se puede permitir ni un día mas que estos desalmados mafiosos tengan al pueblo de Madrid patas arriba.

Los responsables, los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez,  han utilizado esta huelga salvaje para atemorizar al gobierno con la huelga general, sin importarles lo mas mínimo  las penurias de  los ciudadanos madrileños al utilizar los medios de transporte, siendo en consecuencia tan culpables como los que la han llevado a cabo y es lógico que a este par de sinvergüenzas que viven de la sopa boba, dada por un Gobierno que se hace llamar "socialista",  se les aplique el mismo castigo, porque el poder que da la ley de huelga a los sindicatos, no se puede usar nunca, como arma para perjudicar los intereses de los ciudadanos.

Es deseable una salida justa y equilibrada de la crisis, pero también una revisión de la ley de huelga para que estos abusos y atropellos no se vuelvan a producir, sobre todo, cuando los que pagan las consecuencias sean los usuarios y los ciudadanos mas necesitados.

El derecho de huelga, implica la obligación de respetar la legalidad; los servicios mínimos son una garantía de proporcionalidad entre ese derecho y el de los usuarios de servicios públicos esenciales: dos millones diarios en el caso del metro de Madrid. Y si no se respeta la legalidad, aplíquese la ley con toda severidad sobre los responsables, sin medias tintas ni ambiguedades.

Nada puede justificar  la inflexibilidad de un comité de empresa que anuncia con toda tranquilidad que no respetará la legalidad, y una parte del cual amenaza incluso con convertir la huelga en indefinida. Caiga quien caiga, es decir, a despecho de los dos millones de usuarios damnificados directos, y los aún más numerosos atrapados por el gigantesco atasco en que se convirtió la capital de España. ¿Es así como piensan convencer a los ciudadanos de que se sumen a la huelga general? Que se metan la huelga general por donde les quepa, sinvergüenzas.

Siento recurrir a este tópico: "Con Franco esto no habría pasado" y ya se les habría militarizado

fenix

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